Emilio de Llera confirma que no tiene intención de cumplir el mandato del Parlamento en relación a Cármenes del Mar

Publicado el 19 October 2016
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El Consejero compara la declaración de emergencia para la urbanización aprobada en febrero con las iniciativas independentistas aprobadas en Cataluña

Granada, 19 de octubre de 2016.– El consejero de Justicia del Gobierno de Andalucía, Emilio de Llera, confirmó hace unos días en el Parlamento que no va a dar cumplimiento al mandato de la propia Cámara, que aprobó en febrero una Proposición no de Ley para decrarar la emergencia en la urbanización Cármenes del Mar, donde hay 42 viviendas desalojadas y otro centenar en riesgo.

De Llera no solo dijo que no cumplirá lo acordado, sino que comparó la declaración de emergencia solicitada desde el Parlamento para paliar la situación de más de 400 familias que corren el riesgo de perder sus casas, con las leyes independentistas aprobadas por el Parlamento de Cataluña.

“Es indignante que un representante público afirme sin sonrojo que no está dispuesto a cumplir los mandatos de la cámara en la que reside la soberanía de los andaluces, pero lo es más aun que compare de una manera absolutamente irresponsable la situación de familias que están viendo cómo sus casas se caen literalmente a trozos con la aprobación de leyes encaminadas a la independencia de Cataluña”, señaló el portavoz vecinal Ricardo López.

Emilio de Llera justifica la inacción de la Consejería señalando que el caso de Cármenes del Mar no puede incluirse en los supuestos de aplicación de la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía. Se trata de una afirmación falsa, como han indicado los propios servicios jurídicos de los vecinos de la urbanización.

Según dicha ley, su objeto es “la regulación de la gestión de emergencias en Andalucía, entendida como conjunto de acciones de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, dirigidas a la protección de la vida e integridad de las personas y los bienes, en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas, así como en aquellas otras situaciones no catastróficas que requieran actuaciones de carácter multisectorial y la adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios operativos”. Tanto la jurisprudencia, como la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil también dan la razón a los vecinos, así como el hecho de que tanto el Ayuntamiento como el propio Parlamento Andaluz han abogado por la declaración de la situación de emergencia en la zona.

Durante su comparecencia, el consejero de Justicia reconoció que la única medida tomada por el departamento que dirige ha sido nombrar un representante para la mesa técnica creada por el Ayuntamiento y en la que no ofreció ninguna solución para la urbanización.

“Emilio de Llera ha dejado clara su posición: piensa dejar en la estacada a 400 familias que ven como sus casas se resquebrajan sin importarle los riesgos para la seguridad de las personas que viven en Cármenes del Mar”, insistió Ricardo López.

La Proposición no de Ley aprobada el pasado mes de febrero por la comisión de Justicia e Interior del Parlamento Andaluz declaraba la emergencia en la zona e ordenaba la puesta en marcha de “las actuaciones necesarias e imprescindibles para evitar la situación de deslizamiento y riesgo” que sufre la urbanización y, por lo tanto, sus habitantes.

Hace semanas, los vecinos solicitaron al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maéztu Gregorio de Tejada, que requiera tanto al Parlamento de Andalucía como a la Consejería competente las actuaciones de emergencia necesarias y las obras de estabilización y reparación urgente en su urbanización.

El juzgado da la razón a los vecinos

El juzgado falló en noviembre de 2014 a favor de los vecinos de Cármenes del Mar y condenó de forma solidaria a todos los acusados a la reparación de la urbanización y las sub-urbanizaciones interiores según su intervención en las mismas. De esta manera, decretaba que debían ser los propios demandados quienes deban correr a cargo de todos los costes de las obras, incluyéndose en estas no sólo los gastos derivados de honorarios profesionales de abogado y procurador, sino también todos aquellos derivados de informes periciales o cuales quiera otros requeridos por el proceso.

En estos momentos, las más de 400 familias perjudicadas por el escándalo de la Urbanización Cármenes del Mar de Almuñecar están pendientes de la decisión de la Fiscalía de Granada de proseguir o no las actuaciones frente a la familia Rodríguez-Acosta, administradores de la promotora Cerro Gordo. De su decisión dependerá que estas familias puedan utilizar para reparar los daños de las urbanizaciones las indemnizaciones que les corresponderían tras la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de noviembre de 2014 que dio la razón a los vecinos.

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