Las indemnizaciones por el derrumbe de la urbanización de Cármenes del Mar están en manos de la Fiscalía de Granada

Publicado el 8 September 2016
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Los vecinos han presentado un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz para pedir que interceda ante el Parlamento de Andalucía

Granada, 08 de Septiembre de 2016.– Las más de 400 familias perjudicadas por el escándalo de la Urbanización Cármenes del Mar de Almuñecar están pendientes de la decisión de la Fiscalía de de Granada proseguir o no las actuaciones frente a la familia Rodríguez-Acosta, administradores de la promotora Cerro Gordo. De su decisión dependerá que estas familias puedan utilizar para reparar los daños de las urbanizaciones las indemnizaciones que les corresponderían tras la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de noviembre de 2014 que dio la razón a los vecinos.

Entre los años 2000 y 2001 , Cerro Gordo vendió 415 viviendas construidas sobre una colina que, a la postre, se vieron seriamente dañadas por la mala ejecucion de la obra, como ha quedado plasmado en la sentencia del juzgado de primera instancia y que a la fecha de hoy, ha supuesto que 42 viviendas se hayan declarado en ruina total tras la aparición de graves defectos constructivos.

Tanto Cerro Gordo, como las empresas encargadas de los estudios técnicos Bética de Ingeniería y Control, y Vorsevi, S.A., así como la matriz de Cerro Gordo (Leibi Global), entre otras, fueron condenadas solidariamente por el Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 12 de Granada a reponer a su estado original la urbanización afectada. Sin embargo, Cerro Gordo se declaró insolvente, presentando Concurso de Acreedores en el Juzgado Mercantil de Granada, evitando así hacerse cargo de la condena.

Los vecinos de las comunidades afectadas pretenden demostrar que el concurso de acreedores de Cerro Gordo es fraudulento, puesto que tanto terrenos valorados en más de 1,5 millones de euros por la Administración Concursal, como alrededor de 700.000 euros, habrían salido sin justificación aparente del patrimonio de la empresa antes de la presentación del Concurso en el Juzgado. Por otro lado, los peritos contratados, pertenecientes al Departamento de Economía Aplicada y Contabilidad de la Universidad de Jaén, han determinado que la sociedad era insolvente mucho antes de la presentación del expediente concursal, cifrando en la cantidad de más de 30 millones de euros el perjuicio presuntamente causado a los acreedores por la presentación tardía de la insolvencia. Aparte, de su análisis, habrían aparecido serias irregularidades contables que enmascararían la verdadera situación patrimonial de Cerro Gordo.

Cerro Gordo no es la única de las empresas condenadas que se ha declarado en concurso, ya que otras empresas acusadas también han acudido al Concurso de Acreedores, habiéndose ya liquidado sus bienes sin que las urbanizaciones afectadas hayan recibido un euro para su rehabilitación pese a la sentencia judicial de 2014.

“Si el Fiscal ve estos indicios de irregularidades en las actuaciones de los administradores de Cerro Gordo que apuntan las Comunidades de Vecinos, sería el Juez Mercantil de Granada quien, oídas las partes en un juicio posterior, determinaría esa posible responsabilidad económica de la familia Rodríguez-Acosta así como su cuantía”, han explicado los portavoces vecinales.

Proposición no de Ley

El pasado mes de febrero, la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento de Andalucía aprobó una Proposición no de Ley que pedía la declaración de emergencia de la zona e indicaba que se realizasen “las actuaciones necesarias e imprescindibles para envitar la situación de deslizamiento y riesgo” que sufre la urbanización y, por lo tanto, sus vecinos.

En ese sentido, y pasados ya siete meses desde aquella resolución, los vecinos de la urbanización Cármenes del Mar, en Almuñécar, han solicitado al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maéztu Gregorio de Tejada, que requiera tanto al Parlamento de Andalucía como a la Consejería competente las actuaciones de emergencia necesarias, así como la ejecución de obras de estabilización y reparación urgente en su urbanización.

“A pesar de la declaración de emergencia municipal y la referida PNL de la Comisión de Justicia e Interior, no se han realizado gestiones de ningún tipo, ni acometido actuación alguna para evitar el deslizamiento de ladera y la afección a las viviendas”, señala el escrito enviado a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en el que los vecinos aprovechan para pedir un encuentro con su titular.

El juzgado da la razón a los vecinos

El juzgado falló en noviembre de 2014 a favor de los vecinos de Cármenes del Mar y condenó de forma solidaria a todos los acusados a la reparación de la urbanización y las sub-urbanizaciones interiores según su intervención en las mismas. De esta manera, decretaba que debían ser los propios demandados quienes deban correr a cargo de todos los costes de las obras, incluyéndose en estas no sólo los gastos derivados de honorarios profesionales de abogado y procurador, sino también todos aquellos derivados de informes periciales o cuales quiera otros requeridos por el proceso.

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