La policía desalojará a las familias de Cármenes del Mar mientras la Junta de Andalucía les abandona a su suerte

Publicado el 24 November 2015
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La administración esconde sus responsabilidades ante los posible daños derivados de una falta de actuación por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Almuñécar

Granada, 24 de noviembre de 2015.– La policia vendrá en pocos días a desalojar a decenas de familias de Cármenes del Mar tras la decisión de la Junta de Andalucía de dar la espalda a 400 familias. Así lo han denunciado los propios afectados, que han visto cómo, tras arrancar a la Subdelegación del Gobierno en Andalucía un compromiso para promover una mesa de trabajo en la que estuvieran presentes todas las administraciones, el Gobierno de Susana Díaz ha decidido mirar para otro lado y declararse incompetente para atender una situación de emergencia social y seguridad ciudadana.

Las viviendas están viéndose afectadas como consecuencia de las falta de estabilización de la ladera y los defectos constructivos de la urbanización, y, aunque las acciones judiciales han señalado como responsables a los demandados y acordado las obras de estabilización en ejecución subsidiaria que deben de ser acometidas por la administración, lo cierto es que ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno de España deciden aceptar sus responsabilidades.

Ante esta situación, los vecinos informan:

1.- El expediente de ruina abierto por el Ayuntamiento a viviendas de Cármenes del Mar realmente constituyen la excusa administrativa para exonerar de responsabilidades sobre una hipotética situación de derrumbe de las viviendas y de responsabilidad sobre daños materiales o personales derivados. El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía intentan así eludir sus responsabilidades.

2.-. Esta situación es consecuencia directa de la falta de intervención por ejecución subsidiaria tanto del Ayuntamiento como de la Junta. En lugar de reparar, como era su obligación, acuerdan el desalojo.

3.- Exigiremos responsabilidades al Ayuntamiento por conceder licencias de obra de las edificaciones habiendo rechazado la urbanización por existir un deslizamiento de ladera, cuya reparación debió exigirse al promotor previa a la concesión de las licencia de primera ocupación. Existen graves deficiencias administrativas en la tramitación de dichas licencias de primera ocupación.

5.- Exigiremos responsabilidades a la Junta de Andalucía por ser responsable de la situación al haber permitido el desarrollo urbanística de la zona existiendo informes geotécnicos que desaconsejaban la urbanización de Cerro Gordo.

Recordemos que el Plan Parcial PP-10 de Almuñecar que transformó el paraje protegido de Cerro Gordo en terrenos urbanos, fue aprobado por el Ayuntamiento con el consentimiento de la Junta de Andalucía, que debió impedir su desarrollo.

La empresa Geotécnica del Sur desaconsejó la construcción en la ladera y la Consejería de Obras Públicas, a través de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, obvió dicho informe y sus recomendaciones aprobando dicho Plan Parcial.

La Delegación del Gobierno Andaluz en Granada, ha recibido solicitud de auxilio administrativo del Ayuntamiento de Almuñecar incapaz de realizar las obras necesarias de reparación en la zona por su falta de medios económicos y técnicos, desoyendo dicha petición.

6.- Esta falta de actuación en las obligaciones de reparación tanto del Ayuntamiento como de la Junta, causarán daños irreparables en la zona que serán exigidos a los responsables.

“Tenemos una sentencia a favor y unas medidas cautelares decretadas por un juez para mantener en pie nuestras casas, y en lugar de aplicarlas, la Junta de Andalucía prefiere declarar nuestras casas en ruina, una última encerrona que esconde una falta de actuación responsable del Ayuntamiento de Almuñecar y de la Junta de Andalucía”, ha indicado un portavoz vecinal, Ignacio Martín.

De hecho, los propietarios de Cármenes del Mar señalan directamente a la Junta por su falta de compromiso al declarar su incompetencia en este asunto, cuando es precisamente la máxima responsable en la aprobación de un Plan Parcial defectuoso.

Sin lugar donde alojarse, en la entrada del invierno

Ni el ayuntamiento ni la Junta de Andalucía se ha puesto en contacto con las decenas de familias que van a ser desalojadas en los próximos días con el fin de informarles dónde van a ser realojados. Muchos de ellos ya hablan de ir a la puerta del Parlamento de Andalucía y permanecer allí hasta que les escuchen los representantes de los ciudadanos, y puedan ratificar un compromiso de ejecución subsidaria al que están obligados por ley.

“En Sevilla parece que lo que le ocurre en Granada a más de 400 familias no importa y, lo que es más grave, parece que la ley que nos ampara a todos y nos obliga a todos no va con ellos. A Emilio de Llera Suárez, consejero de Justicia e Interior de la Junta, parece que se le ha olvidado que, al jurar su cargo, se comprometió a velar por la seguridad ciudadana y atender las situaciones de emergencia que se den en la Comunidad. Una de dos, o nuestras casas están fuera de Andalucía, o él no quiere reconocer que este problema también es su responsabilidad”, ha insistido Ignacio Martín.

Hace algunas semanas, los vecinos de Cármenes del Mar enviaron sendas solicitudes tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España para que trabajen conjuntamente en la ejecución de las medidas cautelares decretadas hace meses por el Juzgado de Instrucción número 12 de Granada con el fin de evitar que sus casas sigan derrumbándose.

El juzgado da la razón a los vecinos

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Granada aceptó antes de verano el aval presentado por los vecinos de Cármenes del Mar, en Almuñécar, como caución suficiente a fin de que se ejecuten las medidas cautelares que había decretado la propia titular del juzgado el pasado verano. El objetivo de dichas medidas, que tendrán un coste aproximado de 4,5 millones de euros, no es otro que asegurar la zona en la que se encuentran las viviendas, con el objetivo de que no continúen deteriorándose.

Este mismo juzgado falló el pasado noviembre a favor de los vecinos de Cármenes del Mar y condenó de forma solidaria a todos los acusados a la reparación de la urbanización y las sub-urbanizaciones interiores según su intervención en las mismas. De esta manera, decretaba que debían ser los propios demandados quienes deban correr a cargo de todos los costes de las obras, incluyéndose en estas no sólo los gastos derivados de honorarios profesionales de abogado y procurador, sino también todos aquellos derivados de informes periciales o cuales quiera otros requeridos por el proceso.

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