Los vecinos de Cármenes del Mar piden a la Delegación del Gobierno en Andalucía “un último esfuerzo” para dar solución a todo un barrio

Publicado el 25 September 2014
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Aitana, una niña de 8 años de Cármenes del Mar, envía el dibujo de su casa agrietada a la Delegada del Gobierno Carmen Crespo, pidiéndole que“ por favor, arregla mi barrio de parte de Aitana”

Los vecinos de Cármenes del Mar piden a la Delegación del Gobierno en Andalucía “un último esfuerzo” para dar solución a todo un barrio

Granada, 25 de septiembre de 2014 – Los vecinos de Cármenes del Mar, en Almuñécar, hacen un  llamamiento urgente a la Delegación del Gobierno en Andalucía para que “haga un último esfuerzo” en relación al problema que sufren desde hace años.

Desde el 1 de Agosto, fecha en la que se conoció las medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Granada, los vecinos de la urbanización afectada –cuyas viviendas se están viniendo abajo por defectos en la construcción- están llamando a la puerta de la Delegada del Gobierno Carmen Crespo para que de ese paso último y definitivo que permita ayudar a un barrio entero y a las 415 familias afectadas, un paso que la juez ha reconocido en su auto la urgencia de realizar trabajos de mantenimiento para evitar que sigan cayéndose sus casas.

“La Delegación del Gobierno conoce perfectamente la situación que tenemos, con varias casas derrumbadas y otras que se agrietan y se vienen abajo por no haberse construido de manera adecuada. Sabemos que desde diferentes instituciones públicas se está trabajando para agilizarlo y que hay voluntad de ello, pero los días pasan y no terminan de dar ese último paso, que impida que los daños sean irreversibles”, ha explicado Ignacio Martín, portavoz de los vecinos. 

Aitana, una niña de 8 años de Cármenes del Mar, ha enviado el dibujo de su casa agrietada a la Delegada del Gobierno Carmen Crespo donde la pide “por favor, arregla mi barrio de parte de Aitana”. Se trata de un grito compartido por los más pequeños de estas 415 familias, que están viviendo una situación que no debería de haberse dado y que, ahora, con un último esfuerzo por parte de la Delegada del Gobierno se podría solventar en horas.

El auto de la titular del juzgado establece que los demandados deberán llevar a cabo trabajos de mantenimiento de viales y accesos, así como de los abastecimientos básicos de electricidad, gas y agua. También establece la resolución judicial la sustitución de las redes subterráneas de conducción de agua potable y agua de saneamiento o el mantenimiento de equipamientos que contribuyan a la estabilización de la urbanización, como muros de contención y anclajes.

En el paquete de ocho medidas cautelares aceptadas por la juez también se establece la vigilancia y eliminación de cualquier riesgo para las personas derivado de los desperfectos en construcciones, viviendas e infraestructuras, la consolidación del terreno en el que se apoyan cimentaciones de estructuras imprescindibles para la estabilidad del conjunto, o el saneamiento y protección de taludes y laderas frente a erosiones, caída de bloques y desprendimientos.

El Juzgado estima también un embargo preventivo de los bienes de los demandados en una cantidad de 3,6 millones de euros. “Teniendo en cuenta la cuantificación económica de las medidas a ejecutar (…) procede acoger tal medida en aras a poder llevar a cabo los medios de actuación que serán acordados sin riesgo de que la falta de capacidad económica lleve consigo la frustración de su actuación o terminación y finalización de las mismas, que entendemos podría perjudicar la situación”, señala la juez en su auto.

La resolución judicial deja clara la necesidad de acometer las medidas incluidas en su resolución, dado que, mientras se desarrolla el proceso judicial, la situación de la urbanización y de las viviendas, continua deteriorándose. “El transcurso del tiempo ha evidenciado la existencia de este requisito referido al peligro a la mora procesal, ya que el proceso de deterioro de las urbanizaciones, lejos de estabilizarse, continúa su curso, entendiendo la necesidad de la adopción de las medidas que se consideren necesarias a fin de evitar mayores perjuicios”, indica el escrito del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Granada.

El pasado mes de abril finalizaron las vistas previstas para el juicio por la demanda interpuesta por los vecinos de Cármenes del Mar contra los responsables de la planificación, el desarrollo y la construcción de la urbanización, por lo que el caso se encuentra ya visto para sentencia.

Estas medidas vienen a dar la razón a los vecinos, que reclamaban la puesta en marcha de actuaciones inmediatas que impidieran el avance de los desperfectos de sus viviendas, que presentan importantes grietas y destrozos e incluso en algunos casos han acabado por venirse abajo, entretanto se sustancia la demanda judicial contra los responsables.

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