Ayuntamiento y vecinos hacen un llamamiento a la Junta para que colabore en la reconstrucción de Cármenes del Mar

Publicado el 16 October 2013
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Rueda de prensa el próximo viernes 18 de octubre a las 10:30 en el Ayuntamiento de Almuñecar

La alcaldesa de Almuñecar, Trinidad Herrera, junto con el Delegado Municipal de Urbanismo, Obras Públicas, Actividades y Medio Rural, José Manuel Fernández Medina, y los vecinos de Cármenes del Mar comparecerán en rueda de prensa el próximo viernes 18 de octubre a las 10:30 horas, en el Ayuntamiento de Almuñecar, con el objetivo de realizar  un llamamiento a la Junta de Andalucía, y a su nueva presidenta, Susana Díaz, para que arrime el hombro a la hora de solucionar la situación en la que se encuentran las más de 400 casas de esta promoción, que podrían venirse abajo debido a que las técnicas utilizadas en la construcción de las casas no eran las adecuadas para el terreno inestable sobre el que se levantaron.

Tanto los vecinos como los responsables municipales han recordado al Gobierno regional que el debate sobre las competencias es en estos momentos estéril, y han insistido en que es necesario actuar “ahora”, dado que si se sigue esperando los desperfectos serán mayores y las labores de reconstrucción serán aun más difíciles y costosas.

“Estamos hablando de un problema generado a 400 familias y que requiere una solución, porque precisamente la administración debe responder a las necesidades de los ciudadanos, que en este caso nos hemos quedado totalmente desprotegidos por la mala construcción de nuestras viviendas”, explicó Ricardo López, portavoz de los propietarios afectados, que llevaron a los tribunales este caso. El juicio está previsto para los días 23, 24 y 25 de octubre.

Hay que recordar que las administraciones están para atender a los ciudadanos, efectivamente los expedientes de planeamiento se tramitaron con el visto bueno tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía y aunque todos ellos junto con los proyectos de las licencias otorgadas llevaran la firma de distintos técnicos y el visado de los correspondientes colegios, es responsabilidad de las administraciones velar por los intereses de sus ciudadanos.

Se ha podido comprobar con el paso del tiempo que los problemas acontecidos tienen su origen en que los Informes Geotécnicos para la construcción fueron defectuosos y por tanto la edificación posterior no contempló las necesidades constructivas que necesitaba el terreno.

El ayuntamiento ha tomado distintos acuerdos, por mayoría absoluta, tanto en Junta Local de Gobierno, como en Pleno, donde explica que se está llevando un fiel seguimiento geotécnico de la situación actual, recogiéndose en los informes resultantes que la magnitud del problema excede por mucho la capacidad técnica y económica del Ayuntamiento, solicitando a las distintas administraciones supramunicipales ayuda para darle una solución al problema de la urbanización.

“El Ayuntamiento está dispuesto a liderar la gestión necesaria para llevar a buen puerto las reparaciones necesarias, pero la necesidad técnica y económica sobrepasa por mucho las posibilidades municipales, y ello al margen de las responsabilidades de aquellos agentes de la construcción que será exigidas por los propietarios y afectados, y también por este ayuntamiento”, señaló la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera.

2.000 personas afectadas

Esta situación afecta a más de 2.000 personas, que podrían verse obligadas a abandonar sus viviendas debido al peligro de derrumbe en el que se encuentran. Ante esta situación, que supera con mucho la capacidad de maniobra de la administración local, tanto los vecinos como el consistorio han lanzado un mensaje de SOS a la recientemente investida presidenta de la Junta para que trabaje en una solución.

“No hay que olvidar que fueron las administraciones las que dieron el visto bueno a la tramitación de planeamiento, así como las licencias oportunas, permitieron a la constructora levantar estos pisos y aunque toda esa tramitación contara con informes firmados por técnicos y visado por los oportunos colegios, se ha demostrado que  los métodos usados no fueron los adecuados. La administración debe acudir al auxilio de sus ciudadanos sobre todo en situaciones tan dramáticas como esta”, ha explicado Ricardo López, portavoz de los propietarios afectados, quien ha destacado que el Ayuntamiento haya dado el paso de ponerse al frente de la búsqueda de soluciones.

En 1995, la empresa promotora Cerro Gordo S.A., del grupo empresarial COMAREX -importante empresa de promoción y edificación en Granada-, inició la promoción de un proyecto de urbanización y edificación en el Cerro Gordo de La Herradura (Almuñecar). La Junta de Andalucía dio el visto bueno tanto al planeamiento urbanístico como al posterior incremento en la edificabilidad propuestos por la promotora, y aprobados en primera instancia por el consistorio.

Meses más tarde se puso en marcha la edificación de 416 viviendas distribuidas en seis urbanizaciones. Durante los trabajos, los técnicos ya advirtieron de irregularidades constructivas, sin embargo la promotora, haciendo caso omiso de dichas advertencias, decidió continuar la promoción y vender prácticamente todas las viviendas entre 2001 y 2005.

 

 

 

Primeras Alarmas: “Informe Chacón 2008”

Ya en 2005, se sucedieron las primeras evidencias de deterioro: levantamiento de suelos, desprendimientos, rotura de muros de contención… En 2007, la situación se tornó insostenible y evidente. El Informe del Dr. D. José Chacón Montero, Catedrático de la Universidad de Granada del área de ingeniería del terreno (Dpto de Ingeniería Civil), conocido como “Informe Chacón 2008”, dejó claro que las técnicas utilizadas para construir las viviendas no eran las adecuadas al terreno en el que se pretendía edificar. El informe mostraba la existencia de un movimiento de deslizamiento de ladera preexistente y descrito en manuales de geología antiguos, acreditando que las deficiencias geológicas del terreno no lo hacían apto para este tipo de edificaciones y que, además, no se llevaron a cabo los trabajos previos de geotecnia adecuados para la construcción luego realizada. Es decir, se conocían las especiales características del terreno sobre el que se construía, pero no se hizo nada para evitar los problemas.

Los portavoces de los propietarios consideran que la Junta de Andalucía, que desde el inicio era conocedora de los problemas, ha abandonado a su suerte a más de 400 familias, alegando que no tiene competencia en este asunto a pesar de haber interpuesto varios recursos contencioso-administrativos contra las licencias de construcción dadas en su día por el ayuntamiento de Almuñecar.  “La nueva presidenta ya no puede seguir mirando hacia otro lado y permitiendo que los vecinos sigamos sufriendo esta injusticia”, insistieron los vecinos. La junta de Andalucía tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y si esta no se respeta, tiene medios para conseguirlo,  llegando incluso a la intervención, si lo considera oportuno.

Estamos por lo tanto ante una forma de actuar propia del boom de la construcción, cuando todo era válido para crear una urbanización más, aunque el futuro de sus habitantes estuviera decantado desde el primer momento. Hoy esas prácticas pueden dejar a más de 400 familias sin sus casas. Eso, sin contar con el deterioro para la tan cacareada “marca España” que supone este episodio, que resta credibilidad tanto al turismo residencial de la zona, como al propio sistema de garantías de nuestro país.

Acciones judiciales, muestran la evidencia del pelotazo constructivo

Ante esta situación, los afectados han puesto en marcha toda una serie de iniciativas legales con el fin de defenderse e intentar salvar sus casas. Hasta el momento, estas acciones han puesto en evidencia, por ejemplo, la existencia de informes periciales que desaconsejaban las técnicas constructivas utilizadas en este paraje. Es posible que el proceso judicial se alargue aun otros cinco o seis años, lo que puede provocar que, para cuando haya una sentencia en firme, sea inviable la reparación de algunas zonas, por la desprotección de una clase política y una legislación, que protege al constructor frente a los compradores.

Por tanto, lo que se necesita de la administración es que ayude a subsanar el problema ahora, adelantando los recursos técnicos y económicos, recursos que serán devueltos cuando el procedimiento judicial depure responsabilidades, apuntaban los vecinos, los cuales indican que el ayuntamiento es la única administración dispuesta a echarles una mano, pero que son conscientes que debido a la magnitud del problema se vean impotentes.

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