Más de 2.000 personas podrían ser desalojadas ante el peligro de derrumbe de sus viviendas. Ayuntamiento y Junta de Andalucía, conocían que la construcción no era adecuada

Publicado el 10 July 2013
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Más de 400 familias denuncian la desprotección por parte de las instituciones públicas ante el futuro de sus viviendas

Granada, julio de 2013 – Un total de 416 familias, o lo que es lo mismo más de 2000 personas podrían verse obligadas a abandonar sus domicilios en unas pocas semanas. Todo, por la dejadez y el espíritu del pelotazo entre unos políticos que primero permitieron a una promotora urbanística levantar cientos de viviendas sin utilizar unas técnicas de construcción adecuadas a la inestabilidad del terreno, y después no exigieron que solventara los numerosos problemas generados por la mala construcción de sus casas. Esas mismas administraciones, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almuñecar pretenden ahora lavarse las manos y abandonar a su suerte a los propietarios.

En 1995, la empresa promotora Cerro Gordo S.A., del grupo empresarial COMAREX -importante empresa de promoción y edificación en Granada-, inició la promoción de un proyecto de urbanización y edificación en el Cerro Gordo de La Herradura (Almuñecar).

El Ayuntamiento aprobó el Plan Parcial propuesto por la empresa, que además contó con el visto bueno de la Junta de Andalucía. Ambas administraciones eran conocedoras de que las características del terreno exigía una construcción especializada puesto que había riesgos de deslizamientos en la zona, y en especial en la parte baja del cerro, donde surgieron posteriormente los principales problemas. No contentos con la aprobación del planeamiento urbanístico, la Junta y el ayuntamiento también dieron en 1998 el visto bueno posteriormente al aumento de edificabilidad propuesto por la promotora. Eso sí, jamás controlaron si los trabajos de construcción eran adecuados.

Meses más tarde se puso en marcha la edificación de 416 viviendas distribuidas en seis urbanizaciones. Durante los trabajos, los técnicos ya advirtieron de irregularidades constructivas, sin embargo la promotora, haciendo caso omiso de dichas advertencias, decidió continuar la promoción y vender prácticamente todas las viviendas entre 2001 y 2005.

 

Primeras Alarmas: “Informe Chacón 2008”

Ya en 2005, se sucedieron las primeras evidencias de deterioro: levantamiento de suelos, desprendimientos, rotura de muros de contención… En 2007, la situación se tornó insostenible y evidente. El Informe del Dr. D. José Chacón Montero, Catedrático de la Universidad de Granada del área de ingeniería del terreno (Dpto de Ingeniería Civil), conocido como “Informe Chacón 2008”, dejó claro que las técnicas utilizadas para construir las viviendas no eran las adecuadas al terreno en el que se pretendía edificar. El informe mostraba la existencia de un movimiento de deslizamiento de ladera preexistente y descrito en manuales de geología antiguos, acreditando que las deficiencias geológicas del terreno no lo hacían apto para este tipo de edificaciones y que, además, no se llevaron a cabo los trabajos previos de geotecnia adecuados para la construcción luego realizada. Es decir, se conocían las especiales características del terreno sobre el que se construía, pero no se hizo nada para evitar los problemas.

Concesión irregular de los certificados de primera ocupación de las viviendas

Por si no fuera poco, el Ayuntamiento de Almuñecar no exigió aval, seguro de construcción o garantía alguna a la promotora y constructora, y tampoco recepcionó la urbanización a su término, como era su obligación, debido a los defectos constructivos que presentaba. Al mismo tiempo se negó a exigir a la promotora la reparación de todos esos desperfectos, concediendo además de una manera irregular los certificados de primera ocupación de las viviendas. A pesar de ello, tampoco ha iniciado los procesos de ejecución subsidiaria contra la promotora, ni realiza las obras de reparación que le corresponderían por ejecución subsidiaria.

 

Desprotección por parte de las instituciones públicas

La Junta de Andalucía, que desde el inicio era conocedora de los problemas, ha abandonado también a su suerte a más de 400 familias, alegando que no tiene competencia en este asunto a pesar de haber interpuesto varios recursos contencioso-administrativos contra las licencias de construcción dadas en su día por el ayuntamiento de Almuñecar. De hecho estos procesos judiciales han anulado 91 licencias de construcción, sentencias que no han sido ejecutadas por la Junta haciendo dejación de responsabilidad como “policía urbanística”.

Estamos por lo tanto ante una forma de actuar propia del boom de la construcción, cuando todo era válido para crear una urbanización más, aunque el futuro de sus habitantes estuviera decantado desde el primer momento. Hoy esas prácticas pueden dejar a más de 400 familias sin sus casas. Eso, sin contar con el deterioro para la tan cacareada “marca España” que supone este episodio, que resta credibilidad tanto al turismo residencial de la zona, como al propio sistema de garantías de nuestro país.

Y mientras 2.000 personas temen por sus casas, también en La Herradura (Almuñecar), las administraciones se desviven por el proyecto del hotel de siete estrellas Bahía Fenicia, que proyecta un inversor danés. No cabe duda de que en este caso, tanto el ayuntamiento como la Junta de Andalucía harán todo lo que esté en su mano para evitar que el terreno no provoque problema alguno en un proyecto dirigido para un turismo de altísimo poder adquisitivo, algo que no hicieron en Cármenes del Mar.

Acciones judiciales, muestran la evidencia del pelotazo constructivo

Ante esta situación, los afectados han puesto en marcha toda una serie de iniciativas legales con el fin de defenderse e intentar salvar sus casas. Hasta el momento, estas acciones han puesto en evidencia, por ejemplo, la existencia de informes periciales que desaconsejaban las técnicas constructivas utilizadas en este paraje. Es posible que el proceso judicial se alargue aun otros cinco o seis años, lo que puede provocar que, para cuando haya una sentencia en firme, sea inviable la reparación de algunas zonas, por la desprotección de una clase política y una legislación, que protege al constructor frente a los compradores.

Soluciones propuestas por los vecinos a las Instituciones Públicas

Los afectados están presentando a las instituciones públicas diferentes actuaciones, para poder reconducir la situación, como:

  1. Ejecución subsidiaria. Este procedimiento, permitiría el restablecimiento de la legalidad urbanística, con la ejecución de la obra por parte de la administración y los costes a cargo del obligado (promotor).
  2. Declaración de emergencia para Cármenes del Mar, básica porque estamos hablando de la seguridad de las personas y necesitamos la actuación urgente de las instituciones, para garantizar a las familias que la obra se hará en el menor plazo de tiempo posible.
  3. Ley de Costas. La ley de costas, obliga a asegurar la integridad y adecuada conservación de nuestras costas, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias, desde nuestras administraciones públicas.
  4. Parlamento Europeo. Creación de una comisión temporal de investigación, enfocado a la aplicación de las políticas comunitarias, que se han visto afectadas en la costa española. Los afectados preparan una “queja” a la mesas del Parlamento Europeo, para interesar sus recomendaciones a las autoridades españolas.
  5. Inseguridad Inversiones Urbanísticas Extranjeras. La imagen que estamos proyectando al exterior, provoca recelos en los inversores extranjeros por lo que genera una gran inseguridad jurídica para cualquier iniciativa de inversión, algo que en el momento presente, no podemos dejar pasar.
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